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By eumedia
Agro Negocios
OPINIÓN

A cuestas con la implementación de la PAC

Las reformas de la PAC, aunque guiadas por el espíritu tan español del “madrecita que me quede como estoy”, son cada vez más difíciles de asimilar y entender por agricultores, administraciones y profesionales del sector.

A raíz de la aceptación del principio de la subsidiariedad por los Estados, la ampliación de los miembros del club europeo y los nuevos procedimientos legislativos, la PAC se está dejando por el camino su adjetivo de “común” y ha dado paso a muchos modelos diferentes de concebir la reciente reforma de la PAC.

Más allá de unos cuantos principios comunes fijados en los reglamentos comunitarios, la verdadera responsabilidad de la aplicación de la PAC radica en los Estados miembros. España, rompiendo con la tradición, ha sorprendido en los pasillos europeos por haber sido uno de los primeros países en aprobar las grandes líneas de la aplicación nacional de la reforma, pese a ser una de las más difíciles de toda Europa, debido a la diversidad productiva y regional de nuestro país.

De hecho, en estos momentos España es de los pocos países que, mejor o peor, ha puesto encima de la mesa una definición de agricultor activo sin esperar a la publicación definitiva de los esperados y polémicos actos delegados.

No sólo hemos sido capaces de hacer los deberes en tiempo y forma, sino que incluso hemos demostrado que, sin necesidad de copiar a nuestros vecinos franceses, también se puede aprobar.

La reforma de 2003 y el desacoplamiento parcial se introdujeron en España inspirándose de cabo a rabo en el “savoir faire” francés. Han pasado 10 años, el “savoir faire” lo siguen manteniendo, pero el ministro Cañete ya no necesita el socorrido recurso al corta y pega de nuestros vecinos franceses.

-Francia, con el presidente de la República a cabeza descubierta, ha desatado la caja de los truenos al decidir orientar el nuevo sistema a favorecer con 1.000 M€ las necesidades de su sector ganadero. Los poderosos cerealistas franceses reclaman un plan de competitividad y se quejan amargamente de la aplicación de un apoyo adicional para las 52 primeras hectáreas, al que este país consagrará el 20% del sobre del Primer Pilar, es decir, a razón de alrededor de unos 100 € por hectárea.

El ministro galo de Agricultura, Sthèpane Le Foll, se plantea en la intimidad no continuar con ese pago redistributivo a partir de 2017 y habla sin tapujos de “una nueva transición ecológica”, doblando el presupuesto para medidas agroambientales y agricultura ecológica. Le Foll ha señalado que Francia debe buscar alternativas al monocultivo del maíz y no renuncia a encontrarlas.

Respecto el pago verde, Francia lo calculará proporcionalmente al pago base de cada agricultor; las medidas agroambientales doblarán su presupuesto, y la ayuda para los jóvenes agricultores en el Primer Pilar alcanzará el 1% del sobre nacional, en lugar del tope del 2% exigido por este colectivo. En contrapartida, se desarrollará un subprograma temático en el Segundo Pilar. La ayuda para jóvenes en el Primer Pilar alcanzará los 70 €/ha, con un límite máximo de 34 hectáreas; es decir, unos 2.300 € durante los 5 años de vigencia. El vecino país se muestra favorable también a que en las superficies de interés ecológico no puedan utilizarse productos fitosanitarios.

El Gobierno galo ha decidido también implementar nuevas medidas de gestión del riesgo, a través de un programa nacional de Desarrollo Rural, específicamente consagrado a este cometido y, por otra parte, desde 2014 se ha previsto una transferencia de 230 M€ del Primer Pilar al Segundo Pilar de Desarrollo Rural.

Francia acoplará al máximo sus ayudas pasando del 10% al 15%, es decir, un 2% y 150 M€ para las proteaginosas y un 13% y 975 M€ para las producciones que, hasta ahora, lo habían recibido (vaca nodriza, ovino y caprino, leche de montaña y ternera lechal). No obstante, la cuestión del acoplamiento está generando una polémica creciente. El pago acoplado para la vaca nodriza se situaría en 200 € por cabeza, con un límite hasta los primeros 40 animales, pero nada se sabe qué ocurrirá a partir de esa cifra. Los ganaderos galos temen que, a partir de los 40 animales, el montante de la ayuda sea irrelevante (entre 40 y 70 €) para permitir la continuidad de la explotación. Por el momento, el mensaje político de apoyo a la ganadería no se está traduciendo en las medidas concretas que demanda el sector.

-Alemania se encuentra a la cabeza de los países más adelantados en la estrategia nacional de implementación de la PAC. Tampoco tiene mucho mérito. Desde hace varios años, este país cuenta con un sistema regionalizado muy similar al que ahora se propone desde Bruselas y en el que se incluye, sin excepción, a todas las producciones agrícolas.

El Gobierno germano publicó ya el 2 de julio de 2013 un detallado documento con las principales elecciones nacionales en la aplicación de la PAC. Y ya, desde este año, el país cuenta con un pago regional uniforme y con el nuevo propósito de alcanzar en 2019 y en tres etapas un pago uniforme a nivel nacional. En cambio, el pago “verde” ya se pagará de modo uniforme por hectárea desde 2015.

El ministro alemán de Agricultura y los responsables de los 16 Länder rechazaron ya en su día la introducción de los pagos acoplados, confirmando, a pesar de las dudas, que se producirá un trasvase del 4,5% de los fondos del Primer al Segundo Pilar. Además, sus jóvenes agricultores optarán a un pago de 50 €/ha, hasta un máximo subvencionable de 90 hectáreas.

A priori, Alemania utilizará el 5% de su “sobre” financiero nacional para articular el pago redistributivo (50 €/ha para las primeras 30 ha, y 30€ /ha para las 16 ha siguientes). De esta manera, este país descarta la aplicación de techos o de otro tipo de modulación de ayudas. El 2,5% de los fondos de su Primer Pilar servirá para el pago a zonas desfavorecidas. A nivel interno, los actuales debates se centran en la aplicación del pago “verde”, una de las principales preocupaciones de sus agricultores.

-Reino Unido destaca también en el grupo de los países más avanzados en el proceso de aplicación nacional. Inglaterra aplica un pago a tanto alzado (“flat rate”) dentro de tres regiones. El Gobierno británico propone mantener el mapa regional, pero elevando el nivel de los pagos en alguna de estas regiones de montaña (Moorland), con el objetivo de que se pueda mantener la actividad agrícola en esos territorios.

En algunas regiones, el nivel de pagos que se baraja es de 236 €/ha. Sin embargo, no se pretende poner en marcha la ayuda a zonas desfavorecidas (se revisará esta decisión en 2015). Además, este país rechaza el principio del acoplamiento de sus producciones, aunque lo vaya a utilizar en algunas de sus regiones.

A pesar de la fuerte oposición interna, Reino Unido ha decidido transferir nada menos que el 12% de los fondos del Primer Pilar al Segundo Pilar, pese a que, actualmente, ya se produce un trasvase del 9% de los pagos directos.

Incluso con la citada transferencia, a lo que se añade un recorte del 5% a las ayudas de más de 150.000 € con destino a Desarrollo Rural, se producirá una rebaja significativa de la superficie sujeta a medidas agroambientales (del 70% al 30%). Además, este país ha descartado el pago redistributivo.

El mínimo de superficie exigido en Reino Unido para poder solicitar las ayudas de la PAC será de 5 hectáreas. Los derechos de pago que un agricultor posea a 31 de diciembre de 2014 se insertarán en el nuevo sistema de pago básico. Si un agricultor detentase más derechos de pago en 2015 que hectáreas elegibles en ese momento, los derechos sobrantes serían cancelados o amortizados.

En la actualidad, este país trabaja intensamente en el desarrollo de un sistema de certificación nacional, que pudiera considerarse equivalente a las tres medidas obligatorias que componen el pago “verde”. El debate no ha finalizado.

Escocia reclama más pagos acoplados y una mayor convergencia. Por su parte, los agricultores dedican sus esfuerzos a criticar la medida de la diversificación de cultivos y la Administración se esmera en poner en marcha un sistema informático para tramitar las ayudas, que impida el colapso producido en el año 2005, con la implementación de la última reforma.

-Italia. En el país transalpino, a diferencia de Francia, España o Reino Unido, no se vislumbra todavía cual será el modelo nacional. Mucho debate interno, pero escasa información sobre los principios que guiarán la elección del Ministerio de Agricultura italiano.

El retraso es alarmante y se debate sobre un sistema de convergencia parcial, en función de las regiones administrativas. Las organizaciones agrícolas demandan simulaciones que les permitan argumentar sus decisiones y centran sus debates en la definición de agricultor activo y en las limitaciones que debería contener.

En la línea italiana se encuentran la mayoría de países de la Europa central y oriental. Todavía no han avanzado significativamente en el desarrollo de un modelo de aplicación. La mayoría de estos países optará por continuar con el sistema SAPS [1] hasta 2020 y su principal interés radica en optimizar el uso de los fondos del Desarrollo Rural y en aumentar los pagos del primer pilar para acercarse a la media de los países del oeste. Es el caso de Polonia. Este país ha confirmado la transferencia del 25% de fondos del Segundo Pilar al Primer Pilar y aplicará techos y un sistema para pequeños agricultores.

En resumen, con independencia del sistema que sea finalmente implementado en los Estados miembros, hay un cierto consenso en la crítica ante la falta de instrumentos que permitan salvaguardar la capacidad productiva de la Unión Europea.

Tampoco hay dudas en considerar que el nuevo sistema no generará una mayor simplificación para los agricultores o las administraciones nacionales. Reforma tras reforma, siempre queda pendiente la misma asignatura: la simplificación de la PAC para los agricultores profesionales.




[1] Los países incorporados a la UE a partir de 2004 cuentan con un sistema de reparto de ayudas, denominado SAPS (Single Area Payment Scheme, frente al SPS (Single Payment Scheme) de la UE 15.

 

 

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