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By eumedia
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El Tribunal de Cuentas de la UE cuestiona la eficacia medioambiental del pago verde de la PAC

19/12/2017

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado en un nuevo informe que el pago verde no refuerza el comportamiento de la Política Agrícola Común desde el punto de vista medioambiental y climático de manera significativa, además de que ha añadido complejidad al sistema.

Los auditores han constatado en un informe que estos pagos solo han dado lugar a un cambio de las prácticas agrícolas en un 5% de las tierras cultivables de la UE, "lo que demuestra el importante efecto de peso muerto en el diseño de la política" y que "la diversificación de cultivos es menos beneficiosa para el suelo que la rotación".

El efecto de la protección de los pastos en las emisiones netas de las tierras de cultivo "podría ser mayor si su orientación fuera más específica".

Además, el predominio de superficies de interés ecológico (SIE) productivas, junto a unos requisitos de gestión insuficientes, reducen los posibles beneficios que puede aportar el pago verde a la biodiversidad.

Por otro lado, los Estados miembro utilizan la flexibilidad de las normas para el pago verde "para limitar la carga soportada por los agricultores y por ellos mismos y no para maximizar los beneficios medioambientales y climáticos previstos".

El informe "La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental" ha recordado que el pago verde o "greening", como es conocido en España, es un tipo de pago directo introducido con la reforma de 2013 de la PAC.

El objetivo era compensar a los agricultores por respetar determinadas prácticas medioambientales, ya que, de otro modo, "no habría sido gratificado por el mercado" y es "el único pago directo cuyo principal objetivo declarado es de carácter medioambiental".

Sin embargo, el pago verde "sigue siendo esencialmente un régimen de apoyo a la renta. Tal como se aplica actualmente, es improbable que refuerce el comportamiento medioambiental y climático de la PAC de manera significativa", según Samo Jerev, miembro del Tribunal de Cuentas europeo.

Así, los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para estos pagos, ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales "claros y suficientemente ambiciosos".

La asignación presupuestaria para la ecologización (la UE gasta 12.000 millones de euros anuales en este nuevo pago, que representa el 30% de los pagos directos de la PAC y casi el 8% del presupuesto total de la UE) "no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política".

Los auditores han considerado que es improbable que esta ecologización proporcione beneficios "significativos" para el medio ambiente y el clima, porque "una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago".

En la próxima reforma de la PAC, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Comisión que desarrolle una "lógica de intervención completa, y suficientemente ambiciosa" para que pueda contribuir a los objetivos medioambientales y climáticos.

Así, ha propuesto que los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas y como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento.

Los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas.

Además, cuando los Estados miembro puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, "tendrían que demostrar" que sus elecciones "son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política".