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By eumedia
Agro Negocios
OPINIÓN

La cara y cruz de la Reforma de la PAC

En el momento de escribir este artículo, acaba de hacerse público el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura entre Comunidades Autónomas y Ministerio para la aplicación de la reforma de la PAC en España, si bien quedan pendientes por definir importantes temas en los que no ha habido compromiso y que pueden tener suma importancia en el resultado final, especialmente en los ámbitos de los pagos directos y el desarrollo rural. Con la posibilidad de sorpresas, de lo que queda por concretar, podemos ya ver la cara y la cruz de esta Reforma.

La cara nos habla de novedades y posibilidades que ofrecen el desarrollo rural y la Organización Común de Mercados Única para la integración y desarrollo de las cooperativas; y en la cruz está la contención de cualquier mejora en el régimen de las ayudas directas, ya que teniendo un modelo francamente mejorable, vamos a emplear mucho tiempo y dinero para crear un sistema que intente dejarlas igual y a perder una oportunidad que sólo pasa por nuestra puerta una vez cada siete años.

En lo que concierne a la cruz, todos nos felicitábamos de las conclusiones contenidas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, titulada “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y Alimentario” en la que se establecía que la débil presencia de los productores en la cadena de valor era la causa fundamental de su continuada pérdida de renta.

Buenos diagnósticos, pero ineficaces tratamientos, haciendo un símil médico. Dos años después, donde dije “digo” digo “Diego”. Y en España, salvo por los que entendemos que la verdadera Política Agraria debe tener como fin la mejora constante del sector agroalimentario –no confundiéndola con el mero reparto presupuestario-, el objetivo de la mayoría de las administraciones, incluso de organizaciones agrarias, ha sido textualmente “minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas y evitar transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios”. No es que desde Cooperativas tengamos el objetivo de que haya trasvases, pero sí de que se mejore la situación actual en el reparto de ayudas. Si el principio  que guía las decisiones es fundamentalmente garantizar la actual situación, es muy difícil obtener mejoras sustanciales, desaprovechando una nueva oportunidad de evolución. 

Retroceso en el sector del vino

Finalizando con los pagos directos, y por la relevancia del sector vitivinícola en nuestra región, consideramos que no ayudará a su mejora el que se haya acordado transferir, de forma definitiva, los 142,749 M€ del programa de apoyo al vino al régimen de pagos directos. Pasamos un presupuesto que se podía dedicar a cambiar las estructuras  para incrementar en un porcentaje ínfimo los derechos de pago básico en toda España. Además ahora que se abre la promoción del vino a países miembros de la UE se necesitarán más fondos para promoción, y no todo lo contrario. Nuevamente ha primado en los responsables “dar pescado,  que enseñar y ayudar a pescar”.

Afortunadamente, “no sólo de ayudas directas vive la PAC”, y en esta mesa de tres patas, hay dos que creemos mejoran la situación actual, la OCM única y el desarrollo rural, aunque tendremos que estar preparados para solventar ciertos “peligros” de nuevos instrumentos, que bien usados pueden propiciar mejoras, pero que si no se utilizan adecuadamente pueden traer al sector agrario regional grandes inconvenientes y distorsiones. Así ocurre con las Organizaciones de Productores (OP) y las atribuciones que se les otorgan.

Organizaciones de Productores

Estas OP pueden realizar ciertas actuaciones en caso de perturbaciones graves de mercado, además pueden generar extensiones de norma para que todo el sector de un área determinada realice contribuciones económicas para una serie de fines; e incluso se establece que los acuerdos entre agricultores, asociaciones de agricultores y Organizaciones de Productores estarán exentas de las normas de competencia en temas de producción, venta de producto, almacenamiento o transformación (no fijación de precios). Esto abre un abanico de posibilidades de mejora.

Desgraciadamente no se ha incorporado que las OP tengan que concentrar oferta y comercializar. El Ministerio ha acordado legislar en todos los sectores las condiciones de las OP, y ahí las cooperativas tendremos un importante trabajo por delante, para aclarar este y otros aspectos, y sobre todo para aprovechar estas organizaciones de cara a la intercooperación y concentración de actividades de las cooperativas y socios. 

Desarrollo Rural

Es muy positivo que haya compatibilidad de los Programas de Desarrollo Rural regionales y un Programa de Desarrollo Rural Nacional, y que se haya acordado dotar financieramente el programa nacional, de manera que con él se pueda soportar las medidas de la Ley de Integración cooperativa. En este aspecto no podemos más que alegrarnos de tener el instrumento y además tener los fondos. 

También en Desarrollo Rural se ha acordado a nivel español instaurar un mecanismo de flexibilización y transferencia de fondos entre Programas de desarrollo Rural regionales, para evitar la pérdida de fondos, con lo que por fin se dará solución a la irracional situación que había hasta el momento, por la que si una Autonomía no gastaba sus fondos, ninguna otra los podía ejecutar y gastar.

Un hito histórico

Asimismo, nos congratula constatar que el Congreso ha aprobado la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa, impulsado por el ministro Arias Cañete y con el apoyo de  la mayoría de los grupos parlamentarios, totalmente en línea con nuestra filosofía de un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión relevante.

Esta Ley es un hito histórico y, sin duda, un espaldarazo al papel de las cooperativas en el sector agroalimentario, pero dado que solo tendrá alcance en el ámbito supra autonómico, necesita el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, desarrollando legislación propia y en la misma dirección que la elaborada por el Ministerio, para establecer un marco legal regional, con suficiente presupuesto, que nos permita desarrollar ese modelo empresarial competitivo en nuestra región.

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