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By eumedia
Agro Negocios
OPINIÓN

Política agraria: El punto de vista de la OCDE.

La OCDE ha publicado un reciente informe (Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2012. OECD Countries) que permite conocer, además de los rasgos esenciales de las políticas agrícolas vigentes en el área, los criterios en base a los que esta influyente organización valora dichas políticas. 

Uno de los rasgos esenciales destacados por el informe, valorado positivamente, es la significativa reducción de las ayudas públicas a la agricultura que, durante los últimos 25 años, se ha producido en los países que integran la Organización. Estas ayudas se han reducido a la tercera parte, si se valoran en relación con el PIB, ó a la mitad, si se hace en relación con el valor de mercado del producto agrario. Así, durante el trienio 2009-11 las ayudas aplicadas al sector agrario por el conjunto de los gobiernos de la OCDE alcanzaron un valor equivalente al 0,9% del PIB y al 20% del valor de mercado de la producción agraria. Estos mismos indicadores fueron del 3% y del 37 % respectivamente durante el trienio 1986-88.

El informe también subraya la elevación de los precios agrícolas que ha caracterizado el mercado mundial durante los últimos años y que, según la OCDE, ha sido la fuerza conductora de la reducción del apoyo público a la agricultura. Es por ello que la Organización atribuye al mercado, más que a las propias políticas agrícolas, la evolución más reciente de los indicadores que miden el apoyo público agrario.

Aunque la tendencia en la intensidad del apoyo agrícola es claramente regresiva en todos los países de la OCDE, el informe se hace eco de las diferencias existentes, que son muy grandes. Así, en Nueva Zelanda, Australia y Chile, países que resultan netamente agro-exportadores, las ayudas estatales a la agricultura representan menos del 4% del valor de mercado del producto agrario. En Estados Unidos, con saldo positivo en su balance comercial agrario, la cifra alcanza el 10%. En la Unión Europea, con saldo comercial agrario negativo, la cifra se eleva hasta el 20%. En España, a pesar de contar con saldo comercial agroalimentario favorable, la cifra es del 30%. En Noruega, Suiza y Japón, países netamente agro-importadores, se supera el 50%. Sin embargo, en las economías emergentes tiende a observarse lo contrario. Por ejemplo, en China, cuya producción agrícola equivale a las tres cuartas partes de la del conjunto de la OCDE, las ayudas agrícolas, en relación con el PIB, han pasado del 1,5 % en el trienio 1995-97 al 3% en 2008-10 mientras que en relación con el valor comercial  de la producción la ayuda la agricultura ha aumentado del 2,3 % (1995-97) al 12% (2008-10).

Aunque a distintas velocidades, y con el propósito de minimizar la distorsión de la producción y de los mercados, el informe sostiene que los países de la OCDE están sustituyendo los mecanismos de regulación de precios y mercados por otros basados en superficies y cabezas de ganado, o en otros criterios que no influyan sobre las decisiones de producción. Este “desacoplamiento” es valorado por la Organización como una de las fuerzas esenciales que dirige los procesos de reforma de las políticas agrícolas en el área. Se afirma también que es el mecanismo menos distorsionante de la producción y del comercio así como el que permite transferir rentas de modo más eficiente, a pesar de favorecer a los agricultores de forma proporcional al tamaño de sus explotaciones y no priorizar a favor de los agricultores con menores ingresos. Aunque se subraya que en el área OCDE todavía persiste una elevada proporción de ayuda agrícola, el 51% en 2009-11, que distorsiona significativamente la producción y el comercio, se valora positivamente la evolución hacia unas políticas agrarias menos distorsionantes de los mercados y más eficaces en la transferencia de rentas hacia los hogares agrícolas. El informe no analiza, sin embargo, la evolución de las rentas agrarias ni tampoco la de los costes de producción. 

Las ayudas ambientales, a juico de la OCDE, todavía representan una escasa proporción en el montante total de ayuda agrícola. También afirma que los objetivos ambientales enunciados tienden a abordarse mediante medidas que se traducen en pagos y regulaciones que no atienden a criterios de rendimiento ambiental.

El informe dedica un capítulo completo a la productividad y la innovación, señalándolos como objetivos clave en las políticas agrícolas de muchos países, particularmente en los países donde el sector muestra ventajas comparativas y, por ello, la agricultura puede contribuir al crecimiento económico. Durante la última década, el informe se hace eco de la reducción del ritmo de crecimiento de la productividad agrícola, llamativa en algunos de los países más avanzados. Los gastos públicos en I+D, que alcanzan un valor equivalente al 1% del Valor Añadido Bruto agrario de la OCDE, aunque han continuado creciendo en todos los países del área, muestran claros signos de desaceleración, afirmándose que son muchos los gobiernos que están empezando a revisar el rendimiento de sus sistemas de innovación agrícola tomando en consideración el potencial existente en el ámbito privado.

Tras décadas de precios agrícolas en declive, la OCDE afirma que la situación actual, así como  la previsible a medio plazo, se caracteriza por precios relativamente elevados que hacen de los mercados la fuente de remuneración que muchas políticas nacionales buscaban en el pasado. Las expectativas de crecimiento de la demanda de alimentos, la presión creciente sobre unos recursos limitados y sometidos a la incertidumbre del cambio climático así como la continuidad de la volatilidad de los mercados, ofrecen claras oportunidades para mejorar el coste-efectividad de las políticas agrícolas. Para ello, la OCDE propone que las políticas agrícolas deben enfocarse hacia los siguientes objetivos:

  • El uso sostenible del suelo, del agua y de la biodiversidad.
  •  El desarrollo de herramientas de gestión de riesgos por parte de los propios agricultores.
  •  El aumento de los incentivos, tanto públicos como privados, para la innovación a través de la agricultura y la alimentación mediante la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica y los servicios de formación y asesoramiento.
  •  La mejora de la coherencia entre la agricultura y otras áreas políticas.

Aunque son numerosos los países del área OCDE que abordan reformas en materia de política agraria los avances han sido escasos. La Farm Bill de los Estados Unidos y la PAC post-2013 de la UE son las reformas más destacadas por el informe. A juicio de la OCDE, la Food, Conservation and Energy Act 2008 norteamericana (que expiraba en septiembre de 2012 y ha visto terminar el año sin ser renovada) no se ha traducido en avances significativos hacia la orientación de la agricultura al mercado. La OCDE hace una valoración más positiva sobre las sucesivas reformas de la PAC que, no obstante, partía de niveles de apoyo y de distorsión de los mercados muy superiores. Sin embargo la OCDE considera que la PAC debe afrontar nuevos esfuerzos y retos en relación con la mejora de la productividad, la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola europeo. En la UE, las ayudas han pasado del 40% del valor comercial de la producción durante 1986-88 al 20% durante 2009-11 y la proporción de ayuda que en la actualidad distorsiona el mercado se valora en un 25%.

En resumen, la OCDE apuesta clara y decididamente por el desarrollo de nuevas políticas agrícolas desacopladas que, sin distorsionar los mercados, se orienten hacia objetivos de productividad y competitividad agrícola sostenible. Todo ello para afrontar los retos de una población mundial en crecimiento que, por aumentar también en poder adquisitivo, demanda dietas alimenticias más abundantes y diversas así como nuevos productos no alimentarios de base biológica. Siendo las tesis de la OCDE muy influyentes, no son necesariamente incuestionables. Pero esto requiere otro artículo.

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