Tema de reflexión 14

Puntos de partida en la recta final de las negociaciones de la reforma de la PAC Horizonte 2020

Tema de reflexión 14

Notapor moderador » Lun, 01 Abr 2013, 08:40

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, valoró “muy positivamente” el acuerdo de los ministros de Agricultura de la UE en la medianoche del pasado 19 de marzo en Bruselas, sobre la Reforma de la Política Agraria Común (PAC) porque, en la práctica, supone cumplir casi con todos los objetivos de negociación de nuestro país, acordados con las CC.AA en la reunión de la Conferencia Sectorial en junio de 2012. En rueda de prensa posterior, Arias Cañete destacó que, entre los objetivos de España estaba afrontar una de las cuestiones que más podía deteriorar el apoyo que reciben nuestros agricultores, como era limitar la superficie potencialmente elegible para el pago directo a la declarada en 2011 “evitando la dilución desproporcionada de los importes unitarios de ayuda, que traía consigo la propuesta inicial de la Comisión y que hubiera supuesto incorporar 17 Mha adicionales, dando lugar a una fortísimo recorte del importe medio de ayuda por hectárea”. Es decir, frente a los 38 Mha con derecho potencial a ayuda para España, esta superficie quedaría reducida a 22,4 millones. El pago directo medio por explotación quedaría en 229 €/ha, frente a los 116 €/ha en que hubiera quedado de no haber limitado la superficie elegible, gracias a una excepción para España incluida finalmente en el mandado negociador del Consejo de Ministros de cara al diálogo a tres bandas (“trílogo”) con la Eurocámara, que se mostró también a favor de esa limitación, y la Comisión Europea, y que se iniciará el próximo 11 de abril. El Estado podrá excluir de la superficie elegible al viñedo si se decide que este sector no entre en el nuevo sistema de pago base directo y se financie solo a través del Programa de Apoyo Nacional.

Tasa plana

Lo importante es que, aunque habrá que negociar duro por la oposición de la Comisión Europea, es casi seguro que ya no habrá tasa plana al 100% en 2019. En su propuesta, la CE aspiraba a que en ese ejercicio se estableciera una tasa plana de ayudas uniformes para todo el territorio (convergencia interna). En este sentido, según explicó Arias Cañete, se establecieron alianzas con otros países, que igualmente podían verse afectados por esta medida, como Irlanda, Bélgica, Francia y Portugal. El mandato negociador del Consejo logró incluir, también por vía de excepción, que aquellos países que quieran no estén obligados a imponer esta tasa plana.
Así, se acordó que los productores que perciban menos del 90% de la ayuda media para su región, recuperen entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre ese 90% y su actual nivel de ayudas. Esto supondrá, según explicó el ministro, limitar el trasvase de fondos a no más del 8% y evitar así trasvases significativos de importes entre beneficiarios, sectores y territorios, aunque habrá que ver en qué queda la clara disconformidad de Ciolos en este punto y cómo se integrará la propuesta de mayor flexibilidad que también exige la Eurocámara.
El Parlamento se posicionó también por una más rápida aproximación del nivel de ayudas entre Estados miembros (convergencia externa), que la que propone la CE, y a que ningún agricultor, cuando culmine esa aproximación, no reciba una ayuda inferior al 65% de la media comunitaria.
Para el Consejo, los Estados miembros con pagos directos inferiores al 90% de la media de la UE cubrirán un tercio de ese margen a lo largo del próximo periodo, hasta 2020. En ese año deberá alcanzarse un nivel mínimo de 196 €/ha a precios corrientes.

Modelos de aplicación

Cañete dejó claro que el Gobierno apuesta por establecer un modelo único de reparto del “sobre” financiero a nivel nacional (no por comunidades autónomas), que cree menos problemático de aplicar y hacer comprender a Bruselas, y menos distorsionador de la competencia entre agricultores y ganaderos de distintas zonas. Pese a ello, este es un aspecto que tendrá que negociarse en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con las CC.AA, algunas de las cuales, como Cataluña, ya han adelantado que solicitarán su “sobre” autonómico y otras, como Andalucía o Castilla y León, ya han expresado su rechazo a perder fondos de la PAC en relación a lo que vienen ahora percibiendo

Pago verde

En relación al reverdecimiento de la PAC, el Consejo, al igual que el PE, acepta la propuesta de la Comisión Europea de destinar el 30% del “sobre” nacional de ayudas a los productores que cumplan los tres requisitos medioambientales: rotación o diversificación de cultivos; el mantenimiento de los pastos permanentes y la creación de áreas de interés ecológico. Sin embargo, se logró flexibilizar las condiciones que permitirán su cumplimiento. Esto es:
• Solo las explotaciones de más de 10 ha deberán aplicar la rotación de cultivos (la CE propone aplicar en explotaciones de más de 3 hectáreas), que es lo mismo que acordó el Parlamento.
• En el caso de explotaciones de entre 10 y 30 ha, la obligación será rotar solo entre dos cultivos, en vez de tres, lo mismo que propone el PE.
• La superficie de interés ecológico queda reducida a un 5% (frente al 7% inicial que proponía la Comisión y el 3% que para el primer año plantea el PE, elevándolo al 5% en 2016, el segundo). No obstante, se podría revisar al 7%, en función de la evaluación que haga la Comisión Europea sobre este sistema en 2018. El 50% de esta superficie de interés ecológico se podrá aplicar a nivel regional o de forma colectiva por un grupo de agricultores.
• Se incluye a los cultivos permanentes extensivos, con menos de 250 árboles/ha (es decir, al 71% del olivar y el 60% de frutales de frutos secos de España) o cultivos con una pendiente superior al 10%, como superficies ya catalogadas de interés ecológico; El PE propone que los arbustos sean considerados también pastos permanentes.
• El porcentaje que supone este pago se calculará de manera individual para cada productor, y no a nivel nacional o regional (30% greening, 70% pago básico), y se minimizan las sanciones por incumplir este requisito, aunque éstas podrán ir más allá del importe de ese pago “verde” y afectar hasta en un 25% a los pagos directos, algo que rechaza el Parlamento Europeo.
• El Consejo no se pronunció con claridad sobre la doble financiación de los esfuerzos medioambientales, a través del reverdecimiento y de las medidas agroambientales de Desarrollo Rural, al mismo tiempo y tampoco sobre el principio de equivalencia entre ambos pagos. El PE ya se pronunció en contra de ambos criterios.

Pagos acoplados

Sobre las ayudas acopladas (vinculadas a la producción), se logró aumentar desde el 5-10% como proponía la CE, hasta el 12% el porcentaje que los países pueden destinar directamente a sectores concretos. La Eurocámara propone llegar hasta el 15% y ampliar la lista al cultivo del tabaco. En el caso de España, dicho límite se sitúa en torno al 13,5% y supone más de 600 M€ al año, al haber mantenido ese porcentaje en 2011. Permitirá, según el ministro, solucionar el problema de la ganadería intensiva, sin tierra. El PE es partidario de una lista abierta, que favorezca también a las proteaginosas y la vaca nodriza, mientras que el Consejo apoya también que se dé prioridad a los sectores que ya en 2013 estaban percibiendo ayudas asociadas. El Estado que decida no acoplar los pagos podrá incrementar los derechos de pago para aquellos agricultores con derechos especiales.
Un grupo de 15 Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Croacia (a partir del próximo 1 de julio), Chipre, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y España), más Eslovenia y Eslovaquia, firmaron el pasado 27 de marzo una declaración conjunta, que enviaron a la Secretaría General del Consejo de la UE, en la que solicitan que la nueva PAC permita a los países asignar un 15% de su “sobre” financiero nacional a ayudas acopladas o vinculadas a la producción, con posibilidad de contar con un 3% adicional para los cultivos de proteaginosas..
Por otro lado, el PE aceptó la propuesta francesa de un pago directo adicional para las primeras 50 hectáreas de cada explotación, con el fin de redistribuir de forma más equitativa las ayudas.

Techo de ayudas

La aplicación del “capping” es bastante probable que sea voluntaria para los Estados miembros, como ya se propuso en la Cumbre de Jefes de Estado. No obstante, el Consejo de Ministros aceptó que el recorte en el importe de las ayudas directas se pueda aplicar a partir de los 150.000 €. El Parlamento Europeo se posicionó por mayoría a favor de la propuesta de la Comisión Europea para que se fije la cantidad límite a percibir cada año por cada explotación sean 300.000 €, pero además que los recortes se empiecen a aplicar para las explotaciones que perciban más de 150.000 € anuales. Otros grupos políticos solicitaron empezar a recortar a partir ya de los 100.000 € por explotación y año, sin que su propuesta prosperase. Además, el PE aprobó que este techo de ayudas no se aplicara a las cooperativas y, a la hora de calcularlo, se tendría en cuenta la mano de obra o el empleo de la explotación. En España, la decisión sobre aplicar o no el “capping” se decidirá en el marco de la Conferencia Sectorial Magrama-Comunidades Autónomas.

Agricultor activo

El Consejo de Ministros acordó que no se concederán pagos directos a personas físicas o jurídicas, ni a grupos de las mismas, cuyas superficies agrarias sean principalmente superficies conservadas naturalmente en un estado que las haga aptas para pastos o cultivos, y que no ejerzan una actividad agrícola mínima en ellas. Se abre la posibilidad de excluir del pago a actividades como la gestión de aeropuertos, empresas ferroviarias, terrenos deportivos y de ocio…etcétera. Para el PE esa exclusión de los fondos comunitarios sería automática para una lista de entidades (ampliable por los Estados), a menos que demuestren que la agricultura representa una parte sustancial de sus ingresos.

Jóvenes agricultores

Mientras que Comisión y PE coinciden en que la ayuda directa del 2% (o “hasta el 2%, como plantea Bruselas y el Consejo) en el marco del primer pilar a los jóvenes agricultores (edad máxima 40 años) sea de aplicación obligatoria, el Consejo de Ministros propone que sea voluntaria, con un periodo máximo de duración de 5 años. El PE, además, quiere que la ayuda se límite a un máximo de 100 hectáreas.

Pequeños agricultores

Para el Consejo de Ministros, los Estados miembros podrán establecer como obligatorio un régimen simplificado para los agricultores que perciban entre 500 y 1.000 € en ayudas directas. Esta dotación será como máximo del 10% del “sobre” financiero nacional, como propone también la CE.. El Parlamento Europeo, en cambio, pide que esa dotación llegue hasta un máximo del 15% del “sobre” en un régimen simplificado donde se incluirían automáticamente –la CE dice que sea voluntario- los pequeños productores que perciban entre 500 y 1.500 € en ayudas directas por año.

Sectores y mercado

Sobre los avances en el reglamento de la OCM Única, en vino, “el Consejo logró mantener hasta 2024 la limitación de producciones, con un nuevo sistema de autorizaciones administrativas, aceptando las tesis del Grupo de Alto Nivel (GAN) que entrará en vigor en 2019 y que sustituirá al derechos de plantación, prorrogado hasta 31 de diciembre de 2018”. El ministro precisó que el incremento anual de la superficie vitícola del 1% se podrá reducir con criterios objetivos y no discriminatorios. La CE se opuso a que el nuevo sistema entre en vigor en 2019, sino que apuesta porque sea en 2016, mientras que el PE acordó alargar el vigente régimen de gestión del potencial vitícola hasta 2030, con lo que el consenso se complica en principio.
En azúcar, y pese a que la propuesta inicial de la CE era suprimir las cuotas el 1 de octubre de 2015, el Consejo logró prorrogar dos años más el sistema actual (hasta 2017), cuando el PE y el propio sector productor y transformador, así como el Ministerio, solicitan llegar hasta 2020.
En relación a las cuotas lácteas, solo siete países eran partidarios de su prórroga, entre ellos España y Polonia, con lo que la propuesta ni se estimó, En septiembre, no obstante, se celebrará una conferencia “ad hoc” para analizar el sistema post-cuotas, en la que se estudiarán, entre otras cuestiones, qué elementos serán necesarios para que no se dispare la producción y no se desplomen los precios. El PE tampoco modificó la fecha de desaparición de las cuotas lácteas -1 de abril de 2015- y propuso conceder ayudas durante al menos tres meses a los productores que voluntariamente reduzcan su producción en un 5% mínimo.
En apicultura, el Consejo de Ministros logró asegurar la tasa de cofinanciación para las medidas en este sector.
Por otro lado, se mantiene el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores (OPs) de frutas y hortalizas, vino y leche; y voluntario para el resto de los sectores. El PE se mostró partidario de reforzar la concentración de la oferta a través de OPs e interprofesionales a todo el sector y que los Estados sentasen las bases para que ello fuese posible. El Consejo eliminó también el requisito de no posición dominante para el reconomiento de las OPs y abrió posibilidad de que las asociaciones de OPs de frutas y hortalizas puedan presentar directamente programas operativos, “lo que permitirá más flexibilidad y mejorar la gestión de los mismos”. Las OPs tendrán capacidad de aprobar extensiones de norma de obligado cumplimiento para todos los productores asociados e incluso de la zona de influencia relativos al cumplimiento de criterios sobre sanidad animal y vegetal y seguridad alimentaria.
También se podrá incorporar el etiquetado de origen-país en frutas y hortalizas, aspecto muy beneficioso para España, teniendo en cuenta que se trata de un sector netamente exportador. Respecto a otros aspectos de gestión de mercado, el Consejo de Ministros aceptó que la Comisión Europea pueda adoptar medidas excepcionales en caso de perturbación significativa o de amenaza de perturbación del mercado, de enfermedades animales y pérdida de confianza de los consumidores o de problemas específicos. Estas medidas se financiarán con fondos de la denominada reserva de crisis, que contarían con una financiación 100% comunitaria y que también son respaldadas por el Parlamento Europeo.
Los ajustes que se tengan que realizar en el marco de la disciplina presupuestaria o para financiar la reserva de crisis, se aplicarán sólo sobre los pagos directos superiores a los 2.000 euros
El Consejo también acordó que se proceda a revisar los sistemas de intervención pública y de ayudas al almacenamiento privado para que sean más reactivos y eficaces, aunque sin entrar a concretar nada., ni mostrarse ambicioso, al no proponer siquiera una actualización de los precios de referencia y de los umbrales. Al respecto, varias delegaciones, entre ellas España, están dispuestas a insistir en este punto y presentaran una declaración al respecto para que sea tenida en cuenta en la recta final de las negociaciones.
El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó que, a falta de fondos suficientes para ayudar a una mejor organización de los productores, tanto entre ellos, como con el conjunto de la cadena, sería necesario uniformizar, no modificar, reforzándolo el derecho de competencia, aplicándolo con las mismas interpretaciones en todos los Estados miembros de la UE.
El Consejo apoya que se mantengan medidas específicas para el sector del lúpulo y el sistema de restituciones o ayudas a la exportación que, según el PE, se debería mantener como red de seguridad, aunque con una línea presupuestaria nula, es decir, sin dinero para aplicarse realmente y más con un efecto para negociar con los países terceros que aún mantienen este dispositivo de apoyo a sus exportaciones.


Desarrollo Rural

En relación al Desarrollo Rural, Arias Cañete subrayó la importancia de que el nuevo reglamento permita a los Estados elaborar un programa nacional, compatible con programas regionales. De esta forma, añadió, podrán financiarse medidas con valor añadido de carácter supra-autonómico, como la cooperación, la lucha contra plagas y enfermedades, la conservación de recursos fitogenéticos, prevención de incendios forestales y restauración de zonas afectadas por los mismos, la innovación y la formación, etcétera. El ministro hizo hincapié especialmente en un punto: las inversiones en regadío. Según explicó, el acuerdo reduce al 10% el ahorro mínimo de agua necesario para obtener financiación del FEADER, en lugar del 25% que inicialmente fijó Bruselas y que dejaba a España sin opción para poder implementar con cofinanciación comunitaria un nuevo plan nacional de regadíos, teniendo en cuenta que las obras de modernización de regadíos suman ya más de 2,4 millones de hectáreas En el acuerdo también se incluye la financiación de proyectos de mejora de eficiencia energética en regadío, la construcción de balsas de regulación, el uso de aguas regeneradas y en algunas circunstancias financiar la ampliación neta de superficie regada. Por otra parte, la ampliación del periodo disponible para ejecutar los gastos de las medidas de desarrollo rural de dos a tres ejercicios (regla n+2 a n+3) es también un aspecto clave, ya que, según el Ministerio, permitirá un ajuste más favorable de los fondos disponibles, sobre todo en los primeros años del nuevo periodo.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura señaló que ha quedado garantizada la compatibilidad del sistema de seguros agrarios español, con el nuevo mecanismo de estabilización de rentas. En este punto, el Consejo de Ministros acordó que habrá ayudas para constituir fondos de mutualidades de productores agrarios, que quieran protegerse frente a las fluctuaciones del mercado, que serán de 0,65 € por cada euro que pongan los agricultores. También se contempla ayudas a los seguros de cosecha cuando la caída de la renta sea superior al 30% de la renta media anual del agricultor en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos desfavorables, enfermedades o plagas, que cubrirían hasta un máximo del 70% de las pérdidas.
Un 25% de los fondos del segundo pilar se tendrán que destinar a medidas de protección del medio ambiente (agua, suelos, biodiversidad…etc) y a medidas de lucha contra el cambio climático.
En relación a las zonas desfavorecidas, incluirán a las zonas de montaña, mientras que la designación de zonas sometidas a dificultades naturales dependerá de los ocho criterios biofísicos considerados por la Comisión Europea (calidad de los suelos, clima, pendiente…etc). Así, una zona entrará en la clasificación de desfavorecida si el 60% de sus tierras agrícolas responde al menos a uno de los criterios o el 80% a dos criterios. Aquellas zonas que queden excluidas por la aplicación de estos nuevos criterios contarían, en todo caso, con ayudas decrecientes durante un periodo transitorio. El PE, por el contrario, se opone a la revisión aprobada por la CE
Eurocámara y Consejo de Ministros coinciden en hacer que el reverdecimiento sea la línea de base de las medidas agroambientales y que las ayudas se concedan si su aplicación va más allá. El PE se opone a la doble financiación de las medidas agroambientales, una como pago verde del primer pilar y con ayudas cofinanciadas del segundo pilar (Desarrollo Rural) de la PAC.

Trasvase de fondos entre pilares

El Consejo de Ministros acordó que los Estados miembros puedan transferir hasta un 15% de su “sobre” de pagos directos para dotar las medidas de desarrollo rural y, al contrario. En el caso de España y otros países podrían transferirse hasta un 25% de los fondos para desarrollo rural al sobre de pagos directos de la PAC. El PE se apunta también al porcentaje del 15% máximo del “sobre” nacional para transferir fondos del primer al segundo pilar, frente al 10% que propone la Comisión, pero limitando a un máximo de 10% cuando el trasvase es del segundo al primer pilar, frente al 5% propuesto por la CE.

Punto de partida

El ministro, que insistió varias veces durante su intervención en la rueda de prensa del pasado 20 de marzo en el excepcional trabajo llevado a cabo por los eurodiputados españoles, recalcó también que el acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura de la UE-27 “constituye un avance importantísimo para España en la negociación de esta reforma”. Este acuerdo supone un mandato negociador para que la Presidencia irlandesa del Consejo inicie los trílogos o negociaciones a tres bandas con el Parlamento Europeo y la Comisión, “con el fin de aproximar posiciones de cara a lograr una posición común en la última reunión del Consejo del próximo mes de junio, que sería refrendada por el Pleno de la Eurocámara en julio siguiente”. Si se cumple este calendario, será entonces cuando llegue el acuerdo definitivo sobre la reforma de la PAC.
A partir de ahí será cuando la Comisión Europea se embarque en trasladar por escrito el acuerdo político a los reglamentos pertinentes, algo que haría a lo largo del segundo semestre de este año, por lo que los agricultores y ganaderos tendrán que esperar aún hasta finales de 2013 o principios de 2014 para conocer con qué pagos directos podrán contar a partir del ejercicio de 2015 Dado que la reforma no entrará en vigor hasta ese año, la Comisión tendrá que aprobar, posiblemente en el mes de junio, una propuesta legislativa transitoria, en la que ya trabaja desde este mes de abril, para regular la PAC que aplicará en el ejercicio 2014 (16 de octubre de 2013 a 15 de octubre de 2015) sobre la base aún de la reglamentación de la PAC vigente. Eso sí, con determinados ajustes financieros en el nivel de pagos directos de la PAC, puesto que se espera que el nuevo marco presupuestario plurianual 2014-2020 se ponga en marcha ya el año que viene, comenzando por la aplicación de alguna medida, como la convergencia externa de las ayudas entre los Estados miembros de la UE, pero tampoco sin que se esperen grandes cambios.
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